Generales arraigados con ardides
Rodolfo Sánchez Mena / Juegos de poder
El gobierno de Felipe Calderón optó por encarcelar a generales en retiro en lugar de exgobernadores priístas, como recurso desesperado para reforzar su guerra contra el crimen organizado y tratar de mantener el poder con la alianza PAN-Morena.
Calderón apostaba presentar al Chapo como ejemplo del éxito de su campaña contra el narco. En vez de ello, lanza una cortina de humo, para ganar tiempo, al acusar al Ejército de estar infiltrado por un cártel, disminuido, y aprender a generales.
La PGR anuncia una nueva operación limpieza, como la del 2008 en la SIEDO. Detendrán a más militares y personal de la Secretaria de Seguridad Pública y de la PGR.
La redada de militares que organiza Calderón conduce a situaciones inciertas, desestabilizadoras, en el transito de las elecciones presidenciales y del cambio de poderes, mandatados constitucionalmente.
Calderón afecta a la institución armada del Estado, sometida al desgaste de la guerra contra el narcotráfico, dictada desde fuera y que busca su remplazo, por una fuerza que dé apoyo a corporaciones extranjeras para saquear más a México y reprimir toda disidencia contra un Estado militarizado.
Fuera del escenario de diversión montado por Calderón, el país vive el terror y la violencia desbordada, producto del avance de Los Zetas, que se consolidan hegemónicamente al extender su dominio corporativo de negocios, desde el territorio estadunidense hasta el Canal de Panamá, como lo anuncia con beneplácito la correduría Stratfor, la CIA en las sombras
Los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia y Roberto Dawe, así como el teniente coronel, retirado, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto han sido arraigados por 40 días, acusados por testigos protegidos de vínculos con el crimen organizado, Primera Fase de la Operación Limpieza de la SIEDO, 2007.
El tema militar es central en el debate (evadido) de la sucesión presidencial. La propuesta de modernizar a las fuerzas armadas, integración de la Defensa, Marina y Fuerza Aérea con un solo mando y un estado mayor conjunto; la rotación de su mando; y hasta la posibilidad de un civil al frente de la secretaría integrada; el nuevo proyecto de seguridad pública y nacional, y su instancia operativa, una gendarmería nacional, son asuntos medulares del próximo gobierno.
El general Ángeles participó, junto con otros siete especialistas, en un encuentro de Seguridad y Justicia, 500 participantes, organizado por César Camacho, presidente de la Fundación Colosio del PRI, el 9 de mayo en el estado de San Luis Potosí.
Sostuvo, públicamente, la carencia de objetivos definidos en la lucha contra el crimen. Planteó que no existe una estrategia de seguridad nacional; por eso no se tiene rumbo; y por lo tanto las líneas de acción no conducen a ningún sitio.
Propuso crear una policía nacional o una guardia nacional. Seguir tres pasos. Primero, definir objetivos de seguridad; visualizar a dónde vamos. Segundo, plantear estrategias y políticas; línea de acción. Tercero, establecer el órgano; garantizar la consecución de los objetivos de seguridad.
El nuevo organismo que relevaría la PF, dotaría de doctrina policiaca y daría “unidad de criterio a todos los policías del país en el pensamiento, la acción, en el sentimiento, en las tácticas operativas y policiacas”.
Dada la relevancia de un subsecretario de la Defensa, el más alto rango que se pretende procesar en el caso del general Ángeles, se ha desatado una campaña mediática para presentarlo como negligente, filtrador, y hasta responsable del fracaso de Calderón y de sus operadores en materia de seguridad e inteligencia.
Se le niegan sus derechos constitucionales; se le acusa de usar su libertad de expresión. Inclusive, se le reclama hasta tener una esposa preocupada por la seguridad y libertad de su marido. La más grave acusación es recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le considera instancia operadora contra la imagen de la institución armada.
Calderón recurre al expedientazo con testigos protegidos y la intervención de la DEA, para alargar un poder que se le va de las manos y que nunca ejerció en bien de los mexicanos.
Al cuarto para las 12, la PGR se involucra en operaciones electorales, así lo hizo en el caso del michoacanazo; posteriormente, con el segundo secretario de Gobernación, ejecutado en el operativo de la empresa ByzJet, Blake Mora, encargado de la tortuosa maquinación contra el exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon. Los jueces dejaron en libertad a todas las victimas del poder, declarándolas inocentes.
Calderón terminó haciendo el ridículo al demostrársele los propósitos de venganza contra su paisanos por no hacerlo gobernador y para que Hank no se presentara como candidato a gobernar el estado lavandería del PAN. Los generales inculpados por Calderón demostrarán su inocencia y saldrán libres.
Calderón, no es un secreto, había preparado expedientes para encarcelar a tres exgobernadores de Tamaulipas, con propósitos de alterar el proceso electoral. Procesar a dichos gobernadores, presenta escenarios de riesgo reversibles por sus fuertes vínculos con poderosas familias texanas; al recurrir a la detención de militares sirve hasta el último minuto, para tratar de prolongar la guerra en tiempos electorales.
Calderón decidió aprender a militares en vez de políticos, con el propósito de extender transexenalmente la guerra, la violencia y miles de nuevas muertes de mexicanos. Busca impedir que el triunfador de las elecciones presidenciales, al ser declarado presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se dé a la tarea inmediata de conducir a la nación rumbo a la paz; remplace la estrategia fallida y al aparato que promueve la violencia y a los hombres responsables de su ejecución.
La apuesta de Calderón de arraigar a tres generales, más los que se acumulen, conduce a situaciones desestabilizadoras en el transito de las elecciones presidenciales y del cambio de poderes.
Calderón afecta a la institución armada del Estado, sometida al desgaste de una guerra contra el narcotráfico, dictada desde fuera y que busca disolverla por su lealtad a México. Construir un aparato de ocupación en apoyo de las corporaciones extranjeras.
La historia contra los generales detenidos proviene del 2008, a partir del testimonio de dos testigos protegidos. Uno de ellos, el 19, alias Jennifer, cuyo nombre es Roberto López Nájera, un acapulqueño en manos de la DEA que ofrece testimonio vía satelital, acusa al general Ángeles.
El 19 era el operador de Edgar Valdés Villarreal, La Barbie, del cártel de los Beltrán Leyva. El 19 fue detenido por manejar a exceso de velocidad en la carretera de cuota Toluca-Interlomas, por un policía federal que le encontró un arsenal en el auto; los miembros de la SIEDO pagados para otorgar protección al cártel, trataron de rescatarlo; ello condujo a la Operación Limpieza que precipitó la detención del jefe de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, y la salida del procurador Medina-Mora, designado embajador en Londres.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, expulsó a los agentes de la DEA por fomentar el narcotráfico. Lo mismo sucedió en Venezuela y Ecuador. Los agentes de la DEA expulsados fueron relocalizados en Argentina en la embajada estadunidense, hasta que la presidenta de Argentina procedió a expulsarlos.
Los agentes de la DEA en Bolivia acreditaron un largo historial de acciones ilegales, operaciones encubiertas, bombardeos, persecución y allanamientos con destrucción en comunidades, secuestros, torturas y asesinatos e incluso acciones de desestabilización.
Los testigos protegidos por la DEA usados contra los generales arraigados, promueven la ocupación del territorio nacional por las múltiples agencias de inteligencia y militares extranjeros, en calidad supuesta de asesores, a consecuencia de que Calderón les autorizó ingresar al suelo patrio.
Los intereses de los proveedores de armas y de los bancos lavanderos alientan la continuidad de la guerra contra el narcotráfico; pretenden ampliarla y hacer partícipe al Ejército de la escalada de la guerra contra el narcotráfico en Centro y Suramérica.
El problema de regresar a los cuarteles a las fuerzas armadas sólo radica en el establecimiento de una seguridad pública y nacional de carácter constitucional, pero lo inmediato es el retorno de agentes y militares estadunidenses a su país, como ya están abandonando Irak y Afganistán.