Compañeros y compañeras que leen la Agencia Periodística de Información Alternativa APIA:
Hasta este momento, sobre lo que pasó este 1º de julio, en APIA publicamos los puntos de vista de los medios de comunicación, sobre todo electrónicos. A partir de hoy 2 de julio estaremos dando tambien el punto de vista de nuestra organización CLETA-UNAM. Te invitamos a seguirnos para que tengas una información distinta y puedas sacar tus conclusiones.

Consejo Editorial de APIA (more…)

Luis Hernández Navarro

No dio tregua al poder. No hizo concesión alguna con los poderosos. Guiado por sus convicciones, acudió adonde fue requerido para tratar de impedir injusticias y ayudar a construir un país libre y democrático. Luis Javier Garrido fue, sin desmayo alguno, hasta el final de sus días, un intelectual público comprometido con la crítica al príncipe. (more…)

De la Cultura Popular Revolucionaria

(Convocatoria)

I.- Introducción

Para esta sociedad capitalista (en su fase neoliberal) los viejos son un estorbo. Por el contrario, en las culturas de nuestros antepasados, los viejos son respetados y estimados y a los que la comunidad reconoce como los más consecuentes se integra el “Concejo de Ancianos”

En estos tiempos de opresión en que la rebeldía es necesaria para lograr cambios profundos, es fundamental la fuerza revolucionaria de la juventud, pero también los conocimientos acumulados por los viejos, por los decanos consecuentes.

Para contribuir a que este legado de experiencias se transmita de una forma cada vez más sistematizada, la Organización Político Cultura-CLETA (OPC-CLETA) convoca a la realización del

Primer Encuentro Internacional de Decan@s de la Cultura Popular Revolucionaria

Bajo el lema:

¡Organizar Ahora!

Que se realizará en la Ciudad de México, Tenochtitlan del 1º al 10 de noviembre de 2011 en la Delegación Tlahuac, Distrito Federal.

II.- Objetivo

El objetivo es la realización de un evento de trabajadores de la cultura para proponer e implementar formas de relación, organización y acción (sin fronteras), que nos permitan dar respuesta a los tiempos de lucha popular que ya estamos viviendo, trasmitiendo de manera científica y pedagógica a las nuevas generaciones, las experiencias que muchos “decanos” han acumulado en tres décadas de resistencia.

III.- Definiciones

En general entendemos y caracterizamos la cultura como la actividad que modifica el medio natural a través de la inteligencia creativa; en esto radica la diferencia entre lo natural y lo cultural, puesto que el mundo cultural producido es fruto del trabajo humano, que especialmente está ligado con la reproducción material de la vida humana. Todos los productos y artefactos culturales fruto de estas actividades, poseen signos y códigos que expresan y comunican los modos y estilos de vida de la sociedad a la que corresponden.

En el caso de las sociedades capitalistas -como son las naciones latinoamericanas donde el trabajo humano es trabajo alienado, plus-trabajo- el trabajador deja de tener propiedad sobre el producto cultural, sino como sufrimiento, como pérdida del producto cultural y muerte.

Las culturas populares están constituidas por el conjunto de actividades y productos materiales y espirituales que producimos los sectores de la población que no poseemos medios de producción. Es la cultura que producimos las clases dominadas en respuesta a nuestras necesidades. No está hecha para la comercialización, sino para ser usada por nosotros mismos.

Pero el Imperialismo, penetra en toda la estructura cultural de los países dependientes donde los oprimidos aceptan en su pensamiento un estilo de vida, alrededor de los objetos de moda y símbolos vulgarizados, en medio de la pobreza o como cotidianeidad imitativa. Esta cultura de la pobreza es producida por las trasnacionales del capital, que la globalizan e imponen una dependencia cultural catastrófica sobre las naciones periféricas.

Partiendo de esta realidad y de que los productores de las culturas populares pueden estar enajenados y alienados, es factible que sus actividades y productos culturales sean útiles a las clases dominantes; pero en la medida en que los grupos de trabajadores van adquiriendo conciencia de clase, sus manifestaciones culturales dejan de dar bandazos y se centran en convertirse en claras armas de ofensiva que van a ser disparadas contra los opresores. A esto es lo que llamamos CULTURA POPULAR REVOLUCIONARIA, es decir, una cultura que esté formada por productos culturales que además de contener la ideología de las clases dominadas, nos sirvan como armas de emancipación.

La cultura popular revolucionaria, es una cultura no determinada por el capitalismo, o sea no negada como subjetividad creadora y por tal razón, es esencialmente la noción clave de la pedagogía popular liberadora que encuentra un campo fecundo de exploración, de praxis y reflexión, puesto que su lugar en el mundo es ser referente crítico tanto de las ciencias convencionales como de la práctica fetichizada de los seres humanos que con su actividad reproducen y consolidan el modo de vida alienada y subordinada al capital o al poder.

IV.- ¿De Cuáles Áreas Culturales nos Reuniremos?

De acuerdo con las definiciones anteriores, en este Encuentro nos circunscribiremos a cuatro áreas: el arte popular revolucionario, la pedagogía de la liberación, la comunicación alternativa y la promotoría cultural consecuente.

Entendemos por arte popular revolucionario aquel que además de estar vinculado con las luchas sociales de los pueblos, involucra a sus creadores como actores permanentes de esas luchas, tanto en el escenario como en su cotidianidad.

Entendemos por pedagogía de la liberación a aquellas corrientes que desde la trinchera de la educación promueven el pensamiento crítico, donde sus promotores son moldeados socialmente como sujetos que con su ejemplo enseñan e invitan a la transformación social.

La comunicación alternativa implica un compromiso de cuestionamiento a los medios de comunicación enajenantes y sus hacedores; convocamos a l@s comunicadores(as) que son verdaderos guerreros en esa lucha desigual que debe de ser permanente y constante.

La promotoría cultural consecuente la entendemos como una lucha, entre la generación de eventos que sólo promueven catarsis acrítica y los que motivan a la reflexión y el cambio. Aquí ubicamos a organizadores de festivales, encuentros, fiestas populares y demás actividades que se enfrentan al comercialismo y la visión neoliberal de las empresas culturales; por el contrario, son aquellos que crean actividades que contribuyen a la organización de los trabajadores.

V.- Sobre los Decanos de la Cultura Popular Revolucionaria

Para efectos de este encuentro consideramos decanos de la cultura popular revolucionaria a aquellos luchadores sociales que realizando una labor permanente en estas áreas tienen un mínimo de dos décadas de constancia, que en la actualidad siguen activos y que como producto de su trabajo tienen incidencia social reconocida (ojo, esto no es lo mismo que el concepto burgués de “ser famosos”).

VI.- Bases de Participación

1.- De l@s participantes.-

Pueden participar compañer@s de México y el mundo que cumpliendo y estando de acuerdo con los planteamientos anteriores deseen vincularse y organizarse con los hacedores de otras experiencias, a la par de que estén dispuestos a colectivizar las propias (no se aceptan acompañantes ni turistas).

2.- De las actividades.-

Con el fin de intercambiar experiencias en lo técnico, ideológico, artístico, pedagógico, organizativo y de autogestión, se programarán actividades internas y externas, Las internas serán entre los participantes del Encuentro y las externas serán abiertas a al comunidad.

De acuerdo con l@s que sean aceptad@s se programarán talleres, conferencias, presentaciones artísticas, intercambios y reuniones organizativas, además de paseos a espacios culturales como las Pirámides de Teotihuacán, el Museo de Antropología y la UNAM, entre otros. El 1º y 2 de noviembre se participará en las tradicionales fiestas de muertos en el emblemático pueblo de Mixquic, ubicado en la Delegación de Tlahuac, D.F.

3.- Del hospedaje, la alimentación y la transportación.-

Corresponde a tod@s l@s participantes, nacionales e internacionales, conseguir su financiamiento para sufragar su transportación a la ciudad de México y regreso a su lugar de origen.

Corresponde a l@s organizadores(as) recibirlos en el aeropuerto y/o las centrales camioneras, además de cubrir todos los gastos de transportación interna.

La OPC-CLETA se encargará del hospedaje de los grupos de otros países y de aquellos mexicanos que no son de la zona metropolitana. Será en el Campamento del Bosque de Tlahuac. También corre por nuestra cuenta la alimentación durante todos los días del evento.

4.- De la Vinculación del Encuentro de Decan@s con el FICC del CLETA

Este evento será una extensión del XXXVII Festival Internacional Cervantino Callejero del CLETA por lo que en principio participarán los grupos:

a) De países hermanos.-

Zanquimbalista y Gestos (Perú); TASCA, Vive TV y Teatro Equinoccio (Venezuela); Teatro Trono y Teatro Albor (Bolivia); Primera Compañía de Actoras Travesti-Feministas, Colectivo la Candelaria y Circocuatriko (Chile), Teatro Mimo Andante (El Salvador), Los Saltimbanquis, Irina Verdesoto y Salasaca (Ecuador); Los Sin Carpa y Spekta (España); La Maloka del Sol, Casa Mundo Teatro, Metástasis Teatro, Artyson Cosmogonías y ENTEPOLA (Colombia); Sukhdev Prasad Mishra (India); La Graneros (Argentina); Mariposarte (Uruguay) y Teatro Sombra Roja (Honduras).

b) De México.-
Makario Proyecto Inframundo, La Resistencia de México, Itzamna, 30arte, Grupo de Teatro Proletario del CLETA, Tripié Teatro, Fifis, Fofos y Fofis, Mutis, Sol y Viento, Colectivo Poesía y Trayecto; La Trupé, Ixchel+Lotus Acústico; Regiones, La Muzkaria, DanzaAM y Escuela de Pensamiento Crítico de la OPC-CLETA. El Llanero Solitito, Efraín Rojas Bruschetta, El Clon, Urkel, Carlos Xeneque, Amelia Escalante, Alexandro Guerrero y el Payaso Curulero,

5.- De la economía.-

No hay que pagar ninguna cuota de recuperación. En el marco de sus actividades culturales y de manera solidaria y respetuosa, las autoridades de la Delegación de Tlahuac harán una aportación económica al evento. Nosotros corresponderemos con actividades artísticas y pedagógicas que se realizarán en espacios de la comunidad.

6.- Sobre las inscripciones.-

A más tardar el 12 de octubre l@s interesad@s deben de enviar una “Solicitud de Participación” misma que pueden pedirla al correo electrónico [email protected] o bajarla de la página www.cleta.org

En el momento de recibir su solicitud nos pondremos en contacto y a más tardar el 19 de octubre, tendremos la lista de “Decanos” participantes. Desde el momento de ser aceptad@s les enviaremos una invitación para que la usen en los trámites que consideren conveniente.
Para cualquier asunto no contemplado favor de ponerse en contacto con el Comité Organizador.

Fraternalmente

Organización Político Cultural – CLETA

16 de septiembre de 2011 (a 201 años de la sublevación de Independencia)

Debido a la gran demanda que se dio para pertenecer a la Escuela Universitaria de Teatro Popular (CLETA-UNAM) decidimos abrir un turno matutino (de 8 a 12 horas) que iniciará actividades en la misma Facultad de Ciencias de la UNAM el lunes 19 de septiembre.

Interesad@s en ser aceptados favor de solicitar el “Formato de Inscripción” y “La Carta de Motivos”, así como más información al correo electrónico [email protected]

Como en el turno vespertino la carrera es a nivel licenciatura y gratuita.

Para ver más información busca en notas de este facebook.

La recepción solicitudes será hasta el martes 13 de septiembre o antes, si se llena el cupo de 30 aspirantes.

Fraternalmente

Enrique Cisneros Luján

Eduardo Ibarra Aguirre

Con todo y los costosos desfiles militares -como los realizados en mayo en Puebla, Puebla, y Ciudad Juárez, Chihuahua-, y el ejercicio naval de Guaymas, Sonora, además de un gasto publicitario enorme, el comandante supremo de las fuerzas armadas se enfrenta a una realidad insoslayable: 58 por ciento de los mexicanos estima que el crimen organizado, “la minoría ridícula”, va ganando la lucha contra la inseguridad, cuando hace un año sólo lo percibía 30 por ciento.

Más todavía: 83 por ciento de los encuestados por Consulta Mitofsky, por encargo de México Unido contra la Delincuencia –organismo aliado al gobierno de Felipe Calderón hasta el punto de recibir recursos públicos, según denuncia de Eduardo Gallo-, estima que la inseguridad es peor en 2011 que en 2009, cuando el porcentaje fue de 76.

De acuerdo con Roy Campos “la inseguridad es centro de las preocupaciones de los mexicanos”. Hace apenas un año los problemas económicos estaban 26 puntos arriba de la inseguridad, y ahora fueron superados por un punto. Comprensible si tomamos en cuenta que, a tono con el conteo de La Jornada, ya suman 40 mil 515 las víctimas mortales de la aventura militar y policiaca para legitimar a Calderón Hinojosa, dar lineal respuesta al generalizado reclamo ciudadano y satisfacer necesidades de Estados Unidos, en particular de la Casa Blanca.

Otras percepciones indican que 71 por ciento aprueba el incremento de la inconstitucional presencia militar en la otrora “Guerra contra el crimen organizado”, pero 67 por ciento rechaza la presencia de los agentes estadunideses, mientras les brinda trato privilegiado el gobierno de los “perros arrinconados” en la Comisión Permanente, como definió involuntariamente Javier Lozano Alarcón.

Dos datos que también ilustran. 30 por ciento de los encuestados son partidarios de la despenalización de las drogas, cifra muy alta para una nación –“que dejó de ser pobre. México es un país de renta media” (Ernesto Cordero dixit), pero según datos oficiales tiene 18 millones de pobres extremos-, donde el puritano discurso presidencial y sus repetidores apabullan a las voces críticas, aunque de dientes para fuera juran perjuran “estamos abiertos al debate”. Y 45 por ciento estima que el duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio “esconden información”. Por ejemplo, un lector de Monclova, Coahuila, asegura que hace semanas un comando del Ejército remató a balazos a presuntos sicarios hospitalizados.

Otros porcentajes dados a conocer por Campos, éstos en Forotv de Televisa: 66 de cada 100 mexicanos consideran que Felipe Calderón “no tiene las riendas del país” y, por si no fuera suficiente, se acentúa la curva descendente del apoyo ciudadano a su desempeño. Las tendencias son tan apabullantes que el hidrocálido intentó atemperar la dimensión con explicaciones que motivaron la sonrisa de José Carreño Carlón.

Todo indica que de mayor escándalo e incompetencia serán los restantes 17 meses y 27 días del grupo gobernante que con desfiles y simulacros de las fuerzas armadas no logra atemorizar al crimen organizado, pero sí a los luchadores sociales y los críticos, a las víctimas (7.5 de cada 100 mexicanos perdieron un familiar), a la ciudadanía.

Seguramente tiene razón el señor de las cinco estrellas cuando afirma: “El Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, nuestras fuerzas armadas, son más fuertes que cualquier organización criminal o que todas ellas juntas en el país”.

Sólo falta que los altos mandos lo demuestren, pero el tiempo se les acaba y la Caravana Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad parte el sábado de Cuernavaca hacia Ciudad Juárez, con sus liderazgos de orígenes diversos, plurales, mas no subordinados a Los Pinos.

Acuse de recibo

“Existen pruebas contundentes de los desvíos de dinero del IMSS, en la administración como director del mismo, del licenciado Juan Molinar Horcasitas. Existiendo denuncia en su contra que presentó por escrito el exprocurador Fiscal de la Federación, licenciado Gabriel Reyes Orona. Lo que confirma el artículo Sobre los mismos pasos (1-VI-11), ya que lo que predomina es la corrupción y la impunidad”, asegura Norma Falcón… 70 organismos civiles defensores de los derechos humanos demandan sobre el allanamiento a las oficinas de Comunicación e Información de la Mujer, “Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal realice una investigación efectiva, diligente e imparcial para sancionar a los responsables del allanamiento de las instalaciones y el robo de los materiales de trabajo, ocurridos el 20 de mayo de 2011. Que retome las investigaciones sobre los ataques ocurridos hace tres años y garantice que estos actos no queden en la impunidad. Que se implementen a la brevedad las medidas de seguridad requeridas para las integrantes de CIMAC, así como para el resguardo de su oficina”… Alejandro Varas informa sobre “la detención de los compañeros Jairo Guarneros, Arlete Cerón Vargas y Arael Morales de La Otra Campaña en Orizaba”, Veracruz.

Laura Carlsen

Felipe Calderón está enojado. Enfáticamente golpea, una y otra vez, el atril mientras insiste que la violencia desatada en territorio mexicano es culpa del crimen organizado y de nadie más. Reafirma por enésima ocasión su compromiso con la guerra contra el narcotráfico que lanzó en diciembre de 2006 y la decisión de seguir con el combate frontal a los delincuentes.

Esta defensa feroz de la estrategia de seguridad se dirige no hacia los criminales, sino hacia una sociedad que en su mayoría rechaza el camino trazado por el presidente hace cuatro años. El 6 de abril, sólo unos días antes del discurso pronunciado a un grupo de empresarios por Calderón, decenas de miles de personas marcharon en las calles de más de veinte ciudades mexicanas en repudio a “la guerra de Calderón” y contra la violencia.

Para el presidente, la protesta social que crece en el marco del nuevo movimiento mexicano “NO + SANGRE” es una respuesta equivocada, politizada e injusta a su causa predilecta. Insiste en que la ciudadanía debe protestar contra el crimen organizado y no contra su gobierno. En su discurso acusó al movimiento social indirectamente de utilizar el discurso de la paz como escudo para promover “el deseo político de atacar al gobierno federal.”

Los miles de jóvenes, padres y madres de familia, mujeres, indígenas y sindicalistas que se han sumado a las protestas no lo ven así. No niegan que la brutalidad y la audacia de los carteles de la droga han rebasado todo límite. Pero la razón por la cual aumenta el descontento social contra el gobierno se puede resumir en un solo dato: en los años antes de que Calderón lanzara la guerra, el número de homicidios relacionados al narcotráfico fue un poco más de 2,000 al año (2,119 en 2006); para el año 2010 alcanzó 15,273.

La crisis de violencia en México desde el 2007 no se puede resumir únicamente en cadáveres. Un informe reciente del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos calcula que 230,000 personas[1] han sido desplazadas por los conflictos y amenazas. Existen aproximadamente 10,000 huérfanos por causa de la violencia. Los feminicidios se dispararon en la frontera norte en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, junto a otras formas de violencia de género y ataques a defensoras de derechos humanos. Además de las mujeres, las personas migrantes han sido víctimas de una respuesta no prevista de los carteles al expandir sus actividades lucrativas hacía el secuestro, la extorsión y el reclutamiento de migrantes. La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas en abril de 2010 fue sólo el ejemplo más escandaloso de un fenómeno que se ha extendido por toda la república.
La guerra que no se llama guerra

El caos generado por la estrategia se deriva de su carácter militar/policíaco y la falta de cálculo del impacto de declarar la guerra en el mundo volátil del crimen organizado. Hace unos meses Calderón negó que hubiera nombrado “guerra” a su estrategia de combate a la delincuencia, lo cual provocó un diligente trabajo por parte de la prensa de recoger múltiples citas suyas que incluyeran la palabra en referencia a la estrategia contra el narco.

Llámese como quiera, el modelo parte de la tesis de que la mejor manera de luchar contra el tráfico de narcóticos prohibidos es cortando el abasto desde los países de producción y tránsito hacia el mercado principal, que es Estados Unidos. Entonces la mayor parte de los recursos y esfuerzos están dirigidos al enfrentamiento con los narcotraficantes, buscando detener la droga y capturar a capos. En México, se han desplegado unos 50,000 soldados a las calles con este propósito.

El resultado es una explosión de violencia en múltiples formas que supera la mortalidad de muchas guerras formales. Con el ataque del Estado contra un cartel se invita a otro a tomar su lugar y suelen entrar en batalla. Las luchas por las “plazas”, es decir, las rutas para llevar sustancias ilícitas al mercado, son una de las fuentes principales de la violencia.

La violencia se vuelve más compleja y extensa en lugares donde las acciones de las fuerzas de seguridad han provocado una fragmentación de los carteles. Complicidades entre políticos, policías o militares, con uno de los rivales ha extendido la violencia en la esfera pública. Los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los carteles en las calles han cobrado muertes de civiles y se reportan casos de violencia y extorsión por parte de las mismas fuerzas de seguridad contra sectores de la sociedad. El reporte de violaciones de derechos humanos cometidos por el ejército ha aumentado más de seis veces en los últimos años, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, tortura, violación sexual y desapariciones. La guerra contra las drogas y la violencia que la acompaña han erosionado la gobernabilidad en varias zonas del país y roto el tejido social por el miedo, la militarización y la presencia más activa que nunca del crimen organizado.

Es increíble que el gobierno siga con la retórica triunfalista frente a estos resultados e indigna que en las esferas del poder esperen que el pueblo mexicano —o cualquier pueblo del mundo— acepte 40,000 muertos como daño colateral o el precio que hay que pagar para ganar una guerra que parece no tener fin. Para el gobierno de Calderón es imposible admitir el fracaso de la mano dura después de haber invertido tanto capital político y en vísperas de las elecciones presidenciales. Además, desde el inicio, la guerra contra el narcotráfico en México ha tenido unos objetivos no-enunciados.

Calderón lanzó la guerra unas semanas después de tomar el poder entre protestas masivas y acusaciones de fraude nunca esclarecidas. La alianza entre el ejecutivo y las fuerzas armadas y el cultivo del miedo frente un enemigo común —el crimen organizado— funcionó para consolidar su poder en los hechos frente a la falta de legitimidad. Desde su origen, entonces, la guerra ha privilegiado la militarización por encima de las instituciones democráticas del país. La presencia del ejército en las ciudades y comunidades sirve para inhibir protestas y construir una imagen de un Estado fuerte a pesar de su debilidad institucional.
El apoyo de EE.UU. a la guerra

El gobierno de los Estados Unidos, primero de George W. Bush y después de Barack Obama, juega un papel crítico en sostener la guerra de Calderón con recursos, declaraciones, capacitación y entrenamiento. De hecho, desde las fases del diseño del modelo, pasando por la instrumentación de la “Iniciativa Mérida” anunciada por el entonces presidente Bush en octubre de 2007, la guerra contra el narcotráfico en México ha sido para el Pentágono un sueño realizado.

Washington propuso una colaboración militar más intensa desde el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte que salió del TLC, para proteger sus intereses políticos y económicos en la región más allá de sus fronteras. La Iniciativa Mérida se presentó como un plan “contra-terrorismo, contra-narcóticos y para la seguridad fronteriza”. Esos son sus objetivos. Incluye el envío de equipo militar y de espionaje a México con el fin de incrementar el control del territorio y promover la militarización del país. Fue presentada como un reconocimiento de “responsabilidad compartida” por parte de EEUU, sin embargo, abarca una serie de programas en México, sin incluir ninguna obligación de EEUU en su propio territorio donde el negocio de la droga rinde sus beneficios.

Si antes el gobierno mexicano rechazaba la participación directa de su poderoso vecino en asuntos de seguridad nacional, con la Iniciativa Mérida —extendida indefinidamente por el gobierno de Obama— se ha iniciado un periodo de injerencia estadounidense sin precedentes. Sigue el modelo del Plan Colombia que ha promovido más de una década de militarización del país andino y de presencia militar de EE.UU., con los conocidos resultados en violaciones de derechos humanos, desplazamiento y expropiación de los recursos de los pueblos. Detrás de la retórica de la guerra contra el narco, los objetivos de la Iniciativa son:

1) Proteger los intereses económicos e inversiones estadounidenses y garantizar el acceso a recursos naturales estratégicos en México.

2) Imponer la Doctrina de Seguridad Nacional elaborada por el gobierno de Bush que posibilita la presencia militar de EEUU—o la amenaza de intervención— en todo el mundo como garantía de estabilidad del sistema y avanza el propósito de integrar a México a la zona de seguridad nacional de EE.UU.

En términos prácticos, la Iniciativa rompe con las barreras que había mantenido históricamente por razones de soberanía nacional el gobierno mexicano a una mayor intervención de los estrategas y agentes estadounidenses dentro de su territorio.

Hasta ahora han sido asignados más de $1,500 millones de dólares a México en la guerra contra el narcotráfico. Además se ha reorientado la relación binacional hacia la cooperación en cuestiones de seguridad. La mayoría de los recursos está destinada a equipo militar y servicios a las fuerzas armadas, la policía y las agencias de inteligencia. La relación entre los dos países vecinos ahora está siendo definida por el Pentágono y los Comandos Norte y Sur, con el apoyo del Departamento del Estado, en el contexto de la seguridad regional.

La presencia ampliada de agencias de seguridad estadounidenses en México tiene graves consecuencias para la soberanía nacional del país. Se tiene que justificar con un discurso que define a México como una amenaza a la seguridad nacional del país del norte que se enmarca en una nueva lectura de los carteles de la droga como “narco-insurgencia” y como una fuerza que desafía directamente la autoridad del Estado. Abre la puerta a la militarización de México bajo la batuta del Pentágono y el uso del término “insurgencia” recuerda la manera en que el Plan Colombia fue ampliado por el Congreso de EE.UU. para apoyar la guerra interna.

En México, varias organizaciones de derechos humanos han documentado un proceso de criminalización de la protesta y represión de la oposición. La postura de EE.UU. promueve este proceso e impulsa la guerra violenta contra el crimen organizado a pesar de todas las evidencias de sus impactos negativos para la población.

Hay otra razón por la cual el gobierno de los Estados Unidos tiene interés en mantener la guerra contra el narcotráfico y la violencia en México. Los términos de la Iniciativa Mérida no permiten la entrega de dinero a México. Los contratos financiados en la Iniciativa Mérida van a empresas estadounidenses de la industria de defensa que tienen mucho poder de cabildeo en el Congreso y mucho interés en abrir un nuevo mercado hacia el sur.

Empresas como Boeing y Lockheed que venden aviones y helicópteros por millones de dólares, y de seguridad privada como Blackwater y Dyncorp que proveen servicios de capacitación y entrenamiento, ven en México una oportunidad de expandir su negocio por medio de los contratos de “outsourcing” que consiguen del gobierno estadounidense. Algunas de estas empresas han sido involucradas en casos de muerte de civiles y sus actividades no cuentan con mecanismos efectivos de transparencia y rendimiento de cuentas. Ya tienen contratos de la Iniciativa Mérida y su presencia en México constituye otra amenaza a los derechos humanos y un obstáculo al proceso de fortalecimiento de las instituciones democráticas en el país, por promover la privatización y extranjerización de la seguridad cuando no existen reglas claras ni la capacidad del Estado para aplicar las reglas vigentes.

Es decir, gozan de la misma impunidad que los criminales.
Existen otros caminos

El impacto totalmente contraproducente de la guerra contra las drogas en la sociedad es innegable. Se ve no tanto en las cifras citadas, sino en el profundo dolor de las familias de las víctimas y en la cultura de miedo y violencia que distorsiona el futuro de los jóvenes. Las encuestas[2] muestran un cambio importante en la opinión pública: la mayoría ya no cree que el gobierno está ganando y no apoya la estrategia.

Tan innegable que en las últimas fechas Calderón ha dejado al lado el mensaje reiterado de que México está ganando la guerra contra el narcotráfico. Con severos problemas de credibilidad, el presidente ahora dice que no existen alternativas y ha retado a la gente que exige fin a la violencia que ellos propongan algo mejor.

El gobierno de Estados Unidos también ha expresado dudas en el modelo. En cables de Wikileaks, miembros de la embajada en México expresaron sus preocupaciones por la corrupción y falta de resultados de las fuerzas de seguridad y los tres niveles de gobierno de México, y cuestionan la eficacia del enfoque en la detención de capos. La última versión de la Iniciativa Mérida presentado al Congreso por el gobierno de Obama se presenta como Mérida II y hace énfasis en una transición de apoyo militar a capacitación para impulsar reformas en el sistema judicial y las policías. Sin embargo, el financiamiento sólo transfiere la ayuda militar directa al rubro de control del narcotráfico, sin aumentar significativamente el apoyo a programas sociales ni integrar obligaciones básicas de su país, que sigue siendo la fuente de la mayor parte de las armas y el dinero del crimen transnacional.

Los esfuerzos de los dos gobiernos, por un lado, para consolidar el apoyo binacional a la guerra y, por otro, para darle una imagen reformada, reflejan un reconocimiento implícito de que su fracaso es evidente. Ante este reconocimiento y la quiebra del modelo, la sociedad organizada contra la guerra está intensificando las protestas y respondiendo al reto de proponer alternativas no-violentas en la lucha contra el crimen organizado. Algunas de estas alternativas están en la propuesta del pacto nacional que propone el poeta Javier Sicilia, después del asesinato de su hijo. Su tragedia ha inspirado una nueva ola de movilizaciones en el país.

La primera es tratar el problema de la demanda de drogas como un problema de salud, con prioridades en la prevención, la rehabilitación, el tratamiento y la reducción de daños, en México y sobre todo en Estados Unidos donde el gobierno no ha asumido plenamente su responsabilidad. Hacen falta mayores oportunidades educativas y de empleo para que los jóvenes tengan proyectos de vida y para enseñar los riesgos de la adicción. Es una solución que mejora la calidad de vida y reduce la demanda.

Segundo, la manera más rápida y efectiva para reducir la demanda de drogas ilícitas que enriquecen los criminales es legalizar las drogas, empezando con la marihuana. Es una propuesta que tiene cada vez más apoyo entre la población y los expertos y merece más estudio y debate público.

Tercero, es urgente desmantelar las estructuras financieras que permiten el lavado y el traslado del dinero del crimen organizado. Finalmente, promover las soluciones que están surgiendo desde abajo. Los proyectos autogestionarios en Ciudad Juárez y otros lugares ofrecen opciones viables y dan a la sociedad un papel que no sea sólo de víctima. Cuando se utiliza el ejército o la policía como herramienta principal contra el crimen organizado, la sociedad queda marginada y expuesta a abusos. Se crea una situación peligrosa que se acerca a una ocupación interna, o un estado militar/policíaco, con la pérdida de derechos humanos y civiles.

Una sociedad civil fuerte y participativa es mucho más capaz de resistir la infiltración del crimen organizado. Comunidades fuertes -con empleos, vivienda, educación, recreo sano, e espacios propios- pueden defenderse a la vez que fortalecen las instituciones democráticas.

Laura Carlsen, analista y escritora, es directora del Programa de las Américas en la Ciudad de México.