Comunicado Por Detención De Marco Antonio Suastegui Muñoz

A tres años de la Reforma del Artículo Primero Constitucional en Materia de Derechos Humanos, persiste la criminalización y judicialización en contra de las y los defensores de derechos humanos así como en contra de los luchadores sociales.

La reciente detención y traslado al penal de mediana seguridad del vocero del CECOP, Marco Antonio Suastegui Muños nos muestra como la represión en contra de los luchadores sociales se recrudece; hostigamiento, averiguaciones previas, ordenes de aprehensión, la detención y tortura así como el traslado a penales de mediana y máxima seguridad en contra de quienes defienden sus derechos como pueblos indígenas o se organizan para asegurar la vida, la integridad física y la protección de su patrimonio, derechos humanos que el gobierno del estado no tenido la capacidad de garantizar, mientras que por otro lado los esfuerzos de la procuraduría por negar la práctica de la tortura como método de investigación con el argumento de certificados médicos expedidos por personal de instituciones de salud al servicio del estado o de la procuraduría misma, lo cual solo puede ser desmentido mediante la aplicación del Protocolo de Estambul.

Lo anterior se demuestra con el caso de los nueve policías del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, detenidos el 13 de junio por policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acusados de secuestro, que denunciaron que fueron víctimas de tortura para declararse culpables; en este sentido el estado sigue en ese camino erróneo de no garantizar la capacitación adecuada sobre la prohibición de la tortura para agentes de la ley, personal médico y otras personas involucradas en la detención de una persona, ya que estos siguen convencidos de que torturar es una herramienta de trabajo autorizada por sus jefes y tolerada por la sociedad.

Otro caso representativo es el de los cinco detenidos por el asesinato del luchador social Raymundo Velázquez Flores, donde la declaración de los cinco detenidos argumentaron actos de tortura muy similar a las que narraron los detenidos de la UPOEG además de que uno de los detenidos, Gabino García, refirió que fue torturado tanto en el interior de la Procuraduría como al interior del penal para que se hiciera culpable y señalar a otros de sus compañeros. El caso más reciente. el del vocero de la CECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz, detenido este 17 de junio acusado de despojo y tentativa de homicidio y que fuera trasladado al penal de La Unión en muy malas condiciones que evidencia que fue sujeto a tortura. Estas y otras historias son muy comunes en el Estado de Guerrero, lo más grave es que hay una notable tendencia de tortura hacia los luchadores sociales, en una clara evidencia de la persecución y criminalización de los líderes sociales.

Es preocupante que el Procurador General de Justicia pretenda encubrir que en interior de la Procuraduría se practica la Tortura, con simples certificados de lesiones expedidos por personal que están a su mando, además argumentando que los detenidos no presentan lesiones, los cual, es inverosímil porque toda la sociedad sabe que las prácticas de tortura han evolucionado y en la actualidad no dejan huellas físicas, sino psicológicas. El Procurador que proviene de la CNDH y PGR, sabe que para determinar que a una persona no es sobreviviente de tortura, se tiene que investigar con peritos médicos y psicológicos que sepan utilizar el protocolo de Estambul como parte de su responsabilidad internacional que tiene el Gobierno Mexicano, y cuando haya practicado estos peritajes independientes podrá decir que en su Procuraduría no se practica tortura, pero si antes de que tenga verdaderos resultados está defendiendo a sus elementos policiacos significa que desde la cabeza se está permitiendo estas prácticas.

El Estado Mexicano y el gobierno de Guerrero no han cumplido con sus compromisos contemplados en la reforma al artículo 1º constitucional el 10 de Junio del 2011 al no tomar medidas efectivas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole para prevenir actos de tortura en todo el territorio bajo su jurisdicción, al contrario parece que los altos mandos del país y del estado las alientan. Los agentes aprehensores niegan a los detenidos la plena libertad a consultar con un abogado, a ser informado de sus derechos en una lengua que entienda. Las autoridades carecen de un registro en cada comandancia o comisaria de policía que anote cada acción que ocurra durante la custodia, sólo anotan el ingreso y la salida o puesta a disposición. Carecen de un código de conducta para la policía durante el interrogatorio, y no permiten la existencia de mecanismos de control formal o informal tales como organismos de quejas independientes y visitas durante la detención.

Otra de las prácticas que ha estado implementando el gobierno del estado con la complicidad del gobierno federal es el traslado de aquellos defensores de derechos humanos y luchadores sociales detenidos considerados peligrosos por sus ideas a penales de mediana y máxima seguridad fuera del estado para dificultar su defensa negando un debido proceso legal y así prolongar su encierro: Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos y ahora Marco Antonio Suástegui Muñoz son ejemplos claros de algo que se vuelve sistemático y sintomático de esta administración.

Por lo anterior las organizaciones firmantes nos pronunciamos por:
1.- ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN EN CONTRA DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ASÍ COMO DE LOS LUCHADORES SOCIALES.
2.- ALTO A LA PRACTICA CRIMINAL DE LA TORTURA Y POSTERIOR TRASLADO DE LOS DETENIDOS A PENALES DE MEDIANA Y MAXIMA SEGURIDAD
3.- LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
4.- CUMPLIMIENTO PLENO AL ARTICULO 1º CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

ATENTAMENTE.
Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”; Colectivo contra la Tortura y la Impunidad;
Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos;
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”;

ORGANIZACIONES DEL MOVIMIENTO POPULAR GUERRERENSE:

Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEG;
Sindicato Único de Trabajadores de Colegios de Bachilleres, Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, STOOAEG, Jubilados y pensionados, MSD-Movimiento Sindical democrático, Asociación de Coaliciones a.c., Organización campesina de la Sierra del Sur, Movimiento Social de Izquierda, SUBCOBACH-FUERZA, Fundación Lucio Vive A.C., Colectivo de Mujeres de la Costa grande, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía-Comunitaria “Casa de Justicia de El Paraíso”, CONFEDERACION DE JUBILADOS, PENCIONADOS Y ADULTOS MAYORES, Organización de Mujeres y Grupos Vulnerables, Frente de Defensa Popular, Comunidad Indígena Emperador Cuauhtémoc, Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, Raíz Zubia, Consejo de pueblo Eterno Amusgo para TN A.C., Frente de Organizaciones Unidas (FOU), Consejo Democrático y Plural, Organización Campesinas de los Pueblos Indígenas de Ayutla, Coalición de Asociaciones de Guerrerenses