Amenazas contra personas que defienden el derecho a la tierra

Se han realizado dos llamadas telefónicas amenazadoras a miembros del personal de una organización de derechos humanos del estado de Oaxaca, en el suroeste de México. Se cree que las amenazas son consecuencia directa del trabajo de esta organización en apoyo de las comunidades indígenas locales que se oponen a la construcción de un proyecto de parque eólico en sus tierras.

El 8 de julio, el personal de la oficina de la organización de derechos humanos Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGO-DH) recibió dos llamadas telefónicas amenazadoras. El autor de la primera advirtió de que el personal de CODIGO-DH sufriría graves represalias por apoyar a otra defensora de los derechos humanos, Carmen Ruiz, que trabaja con la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ). Carmen Ruiz apoya activamente las denuncias presentadas por miembros de la comunidad en relación con las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la construcción de un proyecto de parque eólico en el istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca. La segunda llamada se realizó al teléfono móvil de un miembro del personal de CODIGO-DH, y en ella se los amenazaba de nuevo por apoyar a la defensora de APPJ y se les advertía de que no sabían en qué se estaban metiendo.

Se cree que las dos llamadas están relacionadas con el trabajo que CODIGO-DH realiza representando a miembros de las comunidades indígenas locales del municipio de Juchitán, en el istmo de Tehuantepec, que se oponen a la construcción de un proyecto de parque eólico en sus tierras. El proyecto de parque eólico y el proceso de consulta con las comunidades afectadas ha sido sumamente polémico, y ha dado lugar a ataques y acoso contra quienes se oponen a él. En los últimos años, los miembros de CODIGO-DH y APPJ han sido objeto numerosas amenazas y actos de acoso.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

- instando a las autoridades a garantizar la seguridad de todos los miembros de CODIGO-DH y APPJ, especialmente Carmen Ruiz, así como la de los demás miembros de las comunidades que protestan contra la construcción de un parque eólico en el istmo de Tehuantepec; instándolas también a garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias;

- instándolas a llevar a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas telefónicas recibidas por miembros del personal de CODIGO-DH el 8 de julio, y a llevar a los responsables ante la justicia;

- pidiendo que todo proceso de consulta en el istmo de Tehuantepec se lleve a cabo sobre la base del consentimiento libre, previo e informado de todos los miembros de las comunidades indígenas afectadas, lo cual incluye información fiable, exacta y accesible sobre los impactos del proyecto.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 21 DE AGOSTO DE 2014 A:

Gobernador del estado de Oaxaca

Lic. Gabino Cué Monteagudo

Plaza de la Constitución, Centro Histórico

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México, C. P. 68000

Fax: +52 95 1501 8100, ext. 40068

Correo-e: [email protected]

Tratamiento: Dear Governor/Señor Gobernador

Secretario de Gobernación

Miguel Ángel Osorio Chong

Secretaría de Gobernación

Bucareli 99, col. Juárez, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, C. P. 6600

Fax: +52 55 5093 3414

Correo-e: [email protected]

Tratamiento: Dear Governor/Señor Secretario

Y copia a:

CODIGO-DH

Correo-e: [email protected]

Envíen también copias a la representación diplomática de México acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Algunos miembros de las comunidades indígenas del estado de Oaxaca se oponen a que se construya el parque eólico en sus tierras. Alegan que no se ha llevado a cabo un proceso adecuado de consulta para obtener su consentimiento libre, previo e informado –requisito establecido por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas–, y que les preocupa el impacto que la construcción tendría sobre su agricultura y sus tierras. A consecuencia de su oposición, estas comunidades llevan varios meses sufriendo amenazas e intimidación. El gobierno ha iniciado un proceso de consulta pero no ha hecho público cómo se llevará a cabo de acuerdo con las normas internacionales o cómo evitará agravar las tensiones en las comunidades.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas en México son con frecuencia víctimas de ataques, amenazas, secuestro y homicidio como represalia por su trabajo legítimo y fundamental. Quienes están detrás de esos ataques casi nunca son procesados. Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por el establecimiento, en 2012, del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, muchos de los más de un centenar de defensores y periodistas en situación de riesgo que han solicitado protección no han recibido hasta la fecha una respuesta oportuna o eficaz, y eso ha generado frustración, inseguridad y desilusión. Aunque el gobierno afirma que está funcionando eficazmente, el mecanismo dista de estar plenamente operativo al carecer de personal formado, recursos y el apoyo político de alto nivel necesario para garantizar que las autoridades aplican sus medidas de protección en todos los niveles. La impunidad de que disfrutan los responsables de los ataques –debido a la falta de eficacia en las investigaciones, a menudo realizadas por autoridades estatales sospechosas de participar en las amenazas– favorece que se toleren los ataques. El Mecanismo debe ser sólo una parte de una estrategia global para abordar la violencia contra los periodistas y contra quienes defienden los derechos humanos. El gobierno federal no ha dado hasta la fecha una respuesta convincente ante el clima imperante de hostilidad hacia periodistas y defensores de los derechos humanos en varios estados.

Nombre: personal de CODIGO-DH, Carmen Ruiz (m) y miembros de APPJ

Sexo: Hombres y mujeres