Universidades, estudiantes y votos
Max Ortega y Ana Alicia Solís de Alba
La rebelión estudiantil es contra de 30 años de neoliberalismo y de los que le dieron vida y sustento, a saber, el Estado y el sistema político mexicano. La rebelión estudiantil es contra la privatización de la educación pública, la exclusión, la recomposición social y la mercantilización sin medida de la educación privada. La rebelión estudiantil es contra los candidatos presidenciales de la continuidad del desastre nacional y a favor del cambio verdadero.
Educación superior
La reestructuración capitalista de las instituciones de educación superior (IES) se llevó a cabo mediante la aplicación de las “recomendaciones” del Banco Mundial, las que apuntaban hacia la transformación de la naturaleza y funciones sustantivas de éstas.
El objetivo buscado era doble: someter a las IES a las exigencias del nuevo patrón de acumulación y recomponer socialmente a su población estudiantil. Conforme con ello, se aplicaron seis lineamientos básicos. Reforma de planes y programas de estudios; adopción de “políticas de admisión selectiva en las universidades públicas, mediante exámenes de ingreso bien diseñados, para limitar el número de estudiantes, a aquellos que tengan más posibilidades de éxito académico”; introducción de cuotas según los niveles de ingreso (con crédito y becas basados en la necesidad y del mérito); desplazamiento de la matricula de las universidades públicas hacia las privadas mediante la reducción presupuestal y la privatización de inscripciones y colegiaturas (“Eliminar gradualmente los subsidios generales a las instituciones públicas de educación superior, reemplazándolos por becas que puedan ser usadas por cualquier institución de calidad (…) Dicha medida hará posible a las instituciones educativas particulares competir financieramente y comenzar a absorber una mayor matricula en la educación terciaria”); colocar en el centro de los procesos de investigación universitaria, las necesidades de las empresas privadas, y en lugar secundario, la solución de los “grandes problemas nacionales” (“Otorgar incentivos presupuestales a las universidades que busquen la diversificación de sus fuentes de financiamiento y, así, el ejercicio de su autonomía institucional. Debe permitirse a las institucionales establecer con el sector privado vínculos contractuales para investigaciones u otros servicios no educativos”); y establecimiento de nuevas estructuras, normas y sistemas de evaluación y control de la docencia y la investigación (“La Secretaría de Educación Pública (SEP) necesita ser fortalecida para cumplir con su papel clave como vigilante de la implementación de la política educativa nacional, en el establecimiento de normas, la evaluación de la calidad educativa, la intervención para resolver problemas en las áreas educativas menos desarrolladas”).
Final del ciclo
Después de tres décadas de neoliberalismo mexicano, el gobierno de Felipe Calderón acabó de aplicar las “recomendaciones” del Banco Mundial para la educación superior, con dos acuerdos privatizadores y electoreros. El primero, referido a las colegiaturas deducibles de preescolar a bachillerato, se anunció el 14 de febrero de 2011; y el segundo, sobre crédito universitario, el 9 de enero de 2012.
El decreto del 14 de febrero estableció que las personas físicas podían deducir el pago de colegiaturas de preescolar, de primaria, secundaria y educación media superior de su correspondiente Impuesto Sobre la Renta. La deducción sería efectiva cuando los pagos se realizaran a instituciones educativas privadas con su correspondiente autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en términos de la Ley General de Educación. Y se aplicaría a las colegiaturas para los estudios del propio contribuyente, de su cónyuge, de sus hijos o de sus padres. Los límites anuales de deducción serían según el nivel educativo: preescolar: 14,200 pesos; primaria: 12,000 pesos; secundaria: 19,900 pesos; profesional técnico: 17,000 pesos; y bachillerato o su equivalente: 24,500 pesos.
Con el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior (Pronafies) del 9 de enero, se abrió la opción de adquirir un crédito de mediano plazo para inscripción y colegiaturas en programas de licenciatura y posgrado. El crédito que requería de un aval solidario, tenía una tasa de interés fija de 10 por ciento anual.
Estas dos medidas privatizadoras estaban ligadas al proceso electoral y tenían la intención de ganar las voluntades políticas de los sectores medios, sus supuestos beneficiarios. El peso, sin embargo, de los efectos de la recesión mundial capitalista sobre la economía mexicana, fue de tal magnitud que anuló cualquier medida de corte clientelar.
Simulacros electorales
Herederos del 68, los estudiantes mostraron, una vez más, como movimiento social, todo su poder transformador de los equilibrios políticos existentes. Desde el 11 de mayo empezaron a cambiar, entre otras cosas, las tendencias electorales.
Inconformes con la situación del país, los estudiantes organizados como #YoSoy132, anunciaron su rechazo, casi desde el principio, de Enrique Peña Nieto y del neoliberalismo. Colocaron además, en el centro del debate sobre la democracia, una exigencia esencial, la democratización de los medios de comunicación de masas.
Esas definiciones políticas y programáticas, son las que explican, por otra parte, los resultados de los simulacros electorales universitarios realizados durante los meses de mayo y junio.